La asistencia jurisdiccional en la ejecución de actuaciones arbitrales sobre garantías hipotecarlas. Redefinición del tercero afectado y prevalencia del Decreto Legislativo N° 1071

Por: Lucich Berrio, Yourka Lisbeth [Autor]Tipo de material: TextoTextoIdioma: Español Descripción: páginas: 80-94Otro título: Judicial assistance in the enforcement of arbitral orders concerning mortgage guarantees. Redefining the affected third party and the prevalence of Legislative Decree No. 1071Tema(s): ARBITRAJE | AUXILIO JUDICIAL | GARANTÍA HIPOTECARIA | ARBITRATION | JUDICIAL ASSISTANCE | MORTGAGE GUARANTEE En: Praxis Civil & Procesal CivilResumen: En este artículo se analiza la compleja interacción entre el Decreto Legislativo N° 1071 (Ley de Arbitraje) y el Código Procesal Civil en la ejecución de órdenes arbitrales de desalojo derivadas de la ejecución hipotecaria. La autora sostiene que, frente a la interpretación restrictiva de los tribunales ordinarios —que deniegan la asistencia judicial coercitiva alegando que el ocupante tercero no suscribió el convenio arbitral— el enfoque correcto exige un cambio de paradigma dogmático. Asimismo, se redefine la posición procesal del ocupante tercero no firmante; este no puede ser incorporado forzosamente como litisconsorte necesario pasivo en el arbitraje, sino que debe ser considerado como un tercero afectado en la etapa de ejecución, cuyo derecho de defensa y contradicción se traslada y resuelve de manera sumaria ante el juez ordinario que presta la asistencia coercitiva. La ejecutabilidad del desalojo deriva de la naturaleza real de la garantía hipotecaria (ius persequendi) y de la publicidad registral de la cláusula arbitral (artículo 2012 del Código Civil).
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Colección General PRACIV (Navegar estantería) Año 1, N° 4 (Julio 2026) Disponible PRACIV004

En este artículo se analiza la compleja interacción entre el Decreto Legislativo N° 1071 (Ley de Arbitraje) y el Código Procesal Civil en la ejecución de órdenes arbitrales de desalojo derivadas de la ejecución hipotecaria. La autora sostiene que, frente a la interpretación restrictiva de los tribunales ordinarios —que deniegan la asistencia judicial coercitiva alegando que el ocupante tercero no suscribió el convenio arbitral— el enfoque correcto exige un cambio de paradigma dogmático. Asimismo, se redefine la posición procesal del ocupante tercero no firmante; este no puede ser incorporado forzosamente como litisconsorte necesario pasivo en el arbitraje, sino que debe ser considerado como un tercero afectado en la etapa de ejecución, cuyo derecho de defensa y contradicción se traslada y resuelve de manera sumaria ante el juez ordinario que presta la asistencia coercitiva. La ejecutabilidad del desalojo deriva de la naturaleza real de la garantía hipotecaria (ius persequendi) y de la publicidad registral de la cláusula arbitral (artículo 2012 del Código Civil).