El deber de denuncia de los árbitros y la confidencialidad en arbitrajes con el Estado
Por: Ortiz Gaspar, David Aníbal [autor]
Tipo de material: 
TextoIdioma: Español Descripción: páginas 175-185Tema(s): LEGISLACIÓN | CONFIDENCIALIDAD | CORRUPCIÓN | JURISPRUDENCIA | LEY DE ARBITRAJE | DEBER DE DENUNCIA
En: Gaceta civil & procesal civil : información especializada para abogados y juecesResumen: El autor afirma que el deber de denuncia de los árbitros en casos de corrupción representa un elemento crucial para garantizar la integridad y legitimidad del arbitraje, especialmente cuando el Estado es parte, por lo que, si bien la confidencialidad es un principio del arbitraje, esta no puede utilizarse como un escudo para encubrir prácticas ilícitas. Refiere, además, que la falta de un marco regulador específico en el Perú sobre el deber de denuncia de los árbitros crea un vacío que puede generar incertidumbre y riesgo de impunidad. Por ello, propone que se implementen reformas en los reglamentos arbitrales a fin de contemplar excepcione s a la confidencialidad cuando existan indicios razonables de corrupción, así como establecer mecanismos claros de protección para los árbitros que denuncien estos hechos.
| Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Info Vol | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
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Títulos de Revistas
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Biblioteca Central ESSALUD | Colección General | GACIV (Navegar estantería) | tomo 141 (mar. 2025) | Disponible | GACIV019 |
El autor afirma que el deber de denuncia de los árbitros en casos de corrupción representa un elemento crucial para garantizar la integridad y legitimidad del arbitraje, especialmente cuando el Estado es parte, por lo que, si bien la confidencialidad es un principio del arbitraje, esta no puede utilizarse como un escudo para encubrir prácticas ilícitas. Refiere, además, que la falta de un marco regulador específico en el Perú sobre el deber de denuncia de los árbitros crea un vacío que puede generar incertidumbre y riesgo de impunidad. Por ello, propone que se implementen reformas en los reglamentos arbitrales a fin de contemplar excepcione s a la confidencialidad cuando existan indicios razonables de corrupción, así como establecer mecanismos claros de protección para los árbitros que denuncien estos hechos.